El Grupo Parlamentario Popular ha presentado y defendido una Proposición no de Ley (PNL) en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales que tuvo lugar el pasado 12 de marzo. Una iniciativa a través de la cual se insta al Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, continúe trabajando en la mejora de la coordinación del Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI).
Esta PNL surgió del reconocimiento de que el menor es susceptible de sufrir una mayor fragilidad ante situaciones de maltrato y puede padecer importantes dificultades para su denuncia. De esta manera, esta iniciativa responde a la necesidad de proporcionarle un cuidado y una atención especiales.
Tras el debate parlamentario en el seno de la Comisión, se aprobó por unanimidad un texto transaccional fruto de las aportaciones de GPP, UPyD y PSOE que incorpora el compromiso y la voluntad del Congreso de los Diputados, de “constituir, en el plazo más breve posible, la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y niñas, cuyas conclusiones deberán orientar las políticas legislativas destinadas a prevenir y abordar este problema”.
, portavoz adjunta del GPP, fue la encargada de defender esta iniciativa. 
“La violencia contra los menores es una realidad que no podemos desconocer”, subrayó la diputada. Torrado citó algunos datos del informe de 2012 de la , que registró 5 casos graves al día de violencia contra menores y un incremento del 13,6% en el nº de casos de maltrato infantil durante ese año.

El objetivo: reforzar la eficacia del RUMI.
El RUMI es un sistema unificado de registro, detección y notificación de casos de maltrato infantil, una herramienta en activo desde 2010, que funciona a través de una base de datos on-line, a la que tiene acceso la totalidad de servicios de protección de menores de las Comunidades Autónomas. Sin embargo y a pesar de su puesta en marcha hace 4 años, todavía no funciona a pleno rendimiento.
Los poderes públicos deben diseñar los instrumentos necesarios para combatir eficazmente el maltrato infantil y potenciar el mejor funcionamiento de los ya existentes. 
En el caso del RUMI, las diferentes Administraciones deben ser capaces de preservar la cercanía que se gana con la descentralización, ya que son las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos los que atienden en 1ª instancia al ciudadano, y no perderla a la hora de coordinar el seguimiento y la respuesta a los casos de maltrato. 
Cuanto mayor y mejor coordinada sea la información sobre la incidencia del maltrato infantil, mejores serán las políticas que se definan en la lucha contra esta lacra.
El objetivo de reforzar el funcionamiento del Registro es, para Marta Torrado, “potenciar y mejorar la coordinación de todos los actores implicados” contra el maltrato infantil. En este sentido, el Gobierno y el GPP han reiterado en numerosas ocasiones su firme compromiso con la promoción, protección y defensa de los derechos de la infancia. 
El Gobierno, entre otras medidas, ha aprobado el Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016, ha impulsado la aprobación del II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2013-2016 , ha planteado una reforma del Código Penal que endurece las sanciones penales en materia de lucha contra abusos sexuales y la explotación sexual de menores y hace un seguimiento, desde enero de 2013, de los hijos e hijas menores de 18 años cuya madre ha sido víctima mortal de violencia de género.