El 17% de la población infantil catalana ha sufrido abusos sexuales (el 15,5% de los niños y el 19% de las niñas). Lo dice Save The Children en el informe Ulls que no volen veure publicado el año pasado. Asimismo, Cataluña inicia 12,7 procesos judiciales por cada 100.000 menores, cifra que está por encima de la media española (12,1).
7 de cada 10 causas judiciales por un delito de estas características acaban archivados, cifra también superior a la media española (72,2%).
Esta ONG denuncia la falta de recursos especializados en el diagnóstico en Cataluña –solo hay 2 hospitales especializados, ambos en la provincia de Barcelona, que no forman parte del sistema público— y el hecho de que el tratamiento y rehabilitación no son universales, sino que solo están al alcance de los menores tutelados.
Ante esta realidad que retrata Save the Children, los grupos parlamentarios instaron al Govern a adoptar una batería de medidas para evitar este tipo de ataques a los menores. La mayoría se han convertido en papel mojado.
4 fueron la resoluciones aprobadas en la Cámara catalana en la legislatura anterior con la finalidad de combatir la lucha contra el abuso sexual a menores. En mayo de 2017 se instó al Govern a trabajar en la prevención del abuso y la explotación con los hombres y mujeres que viven en entornos institucionales, mediante la figura del delegado contra la victimización, con una atención especial a los niños y a los adolescentes que se encuentran en una situación potencialmente más vulnerable (como adolescentes no acompañados, víctimas de tráfico y personas con discapacidad).
Asimismo, en esa resolución se acordó convocar con una periodicidad trimestral el Comité de Seguimiento de los Protocolos de Abusos Sexuales a Menores y dar cuenta del trabajo que lleva a cabo, semestralmente, a la Comisión de Infancia del Parlamento.
Programa de formación para los profesionales
Ese mismo mes, el Parlament exigió a la Generalitat la puesta en marcha de un programa formativo para los profesionales sanitarios para la detección de abusos sexuales a menores, que en un plazo de 6 meses, sería presentado a la Comisión de la Infancia. También se aprobó valorar, mediante el citado Comité de Seguimiento de los Protocolos de Abusos Sexuales, los protocolos que hay en el ámbito sanitario.
La Cámara catalana acordó en otra resolución convocar las reuniones del Comité Interdepartamental de Seguimiento y Coordinación los Protocolos existentes en Materia de Abuso Sexual a Menores o cualquier otra Forma de Maltrato 1 vez cada 3 meses, así como levantar acta de todas las reuniones del Comité y, en el plazo de 1 mes, informar por escrito a los grupos parlamentarios de los acuerdos. También se instó a presentar un informe anual, a finales de año, sobre la labor realizada por el Comité.
Más recursos económicos
Respecto al ámbito educativo, se acordó elaborar medidas obligatorias de prevención de los abusos en los centros escolares y destinar los recursos económicos necesarios para formar y especializar a los profesionales para que puedan detectar entre los alumnos las señales de abuso.
Asimismo, se subrayó la necesidad de destinar recursos económicos para formar y especializar a los profesionales de los entornos escolar, sanitario, policial y judicial implicados en la prevención, la detección y la protección de los menores que sufren abusos sexuales.
Propuesta de resolución del PSC
Entre las medidas, destacaba acortar los procesos judiciales de los menores, dentro de las competencias de la Generalitat, para garantizar el bienestar psicológico de las víctimas, evitando que los menores testifiquen más de 1 vez para que no tengan que revivir el trauma. Y elaborar, en el plazo de 3 meses, medidas de atención especializada y apoyo para los adultos que sufrieron abusos sexuales en la infancia o la adolescencia.
Sin embargo, poco o nada se ha hecho en este sentido, por lo que la diputada del PSC, Beatriz Silva, ha presentado en el Parlament una propuesta de resolución --que puede leerse en este enlace-- sobre la protección de los menores que sufren abusos sexuales y maltrato.
En ella, se insta al Govern a cumplir con esos compromisos.
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