El diputado nacional Luis Petri (UCR) quiere cambiar la Ley 26061 en el Congreso de la Nación. En Mendoza, legisladores radicales propondrán cambios, para evitar muertes como la de Luciana Rodríguez.
Si bien ha sido elaborada para brindar protección integral y velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes, no son pocos los cuestionamientos que recaen sobre la Ley nacional 26061. A raíz de casos resonantes, como el de la violencia ejercida hasta la muerte contra Luciana Rodríguez , la pregunta es cuáles son los grises de la norma que provocan la ineficiencia de una legislación sancionada justamente para que se garantice lo contrario de lo que finalmente se logra.
Por esto, el legislador nacional Luis Petri (UCR) junto con el bloque radical en la Cámara de Diputados de la Nación presentarán un proyecto para modificar la ley. Al mismo tiempo, el bloque de diputados radicales de la provincia presentará un compendio de medidas tendientes a eficientizar el sistema de atención de casos de violencia familiar, de género y de maltrato infantil.
Primero la integridad
El espíritu de la 26061 es fortalecer los vínculos de los niños y niñas con sus familias, tal y como lo expresa en su art. 35: “Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes”. Sin embargo, hay situaciones en las que el resguardo de la integridad psíquica y física de los menores, que debería ser el interés superior, no está garantizado en su entorno familiar más próximo. Esta es la primera modificación que Petri quiere proponer en el Congreso: que se cambie el texto de este artículo para priorizar la preservación de la salud física y mental de los niños.
Sin embargo, no es el único cambio que pretende. Otro es agregar un párrafo al art. 37, que se refiere a las medidas de protección que se deben tomar ante la amenaza o violación de los derechos de los niños. Pretende el legislador que si la amenaza tiene que ver con agresión psicofísica de los menores, inmediatamente intervenga la Justicia, sin organismos intermedios, como los administrativos locales (OAL). Actualmente, todos los casos van a parar a los OAL y desde allí se articula.
Al ser una ley nacional, sólo puede modificarse a través del Congreso, pero en Mendoza se realizarán otras propuestas tendientes a aceitar el mecanismo de atención de casos de violencia intrafamiliar, de género y contra menores.
Más cambios
Cuando se retomen las sesiones legislativas, los radicales propondrán una serie de medidas para afrontar los casos de violencia que, pretenden, se sancionen con fuerza de ley para que ningún gobierno las pueda cambiar u obviar su cumplimiento. “El sistema de protección de derechos está en crisis, no da respuestas adecuadas. Los casos no se resuelven o se llega tarde. Después tenemos víctimas de maltrato y muerte como sucedió con Luciana, Andrea Ávalos Porcario, Belén Amitrano o Micaela Reina”, dijo Petri y agregó que el patrón de violencia familiar más la inacción del Estado se repite y genera muertes. “Las respuestas del sistema son ineficientes porque una estructura judicial vieja no puede responder a las exigencias de la nueva ley”, manifestó. Las que se mencionan a continuación son las propuestas de lo que se quiere cambiar para agilizar la atención.
La 1ª es protocolizar el procedimiento y la atención de situaciones de violencia ejercida contra los niños y niñas, de género y otras situaciones de agresión intrafamiliar.
La existencia de un protocolo con ratificación legislativa evitaría las zonas grises de la ley que finalmente no resuelvan situaciones gravísimas, como la de Luciana.
Otro cambio que propone Petri y que presentarán los radicales es la creación de juzgados específicos contra el maltrato, porque estos cuadros familiares precisan resolución rápida y no pueden perderse en el complejo entramado de la Justicia de Familia, que resuelve otro tipo de problemáticas como divorcios, adopciones y juicios por alimentos. Estos juzgados serán para atender casos contemplados en las leyes nacionales 26485 (violencia de género) 26061 (protección de los derechos de niños y niñas) y 24417 (violencia intrafamiliar). Entonces, a los órganos administrativos locales sólo les quedaría la competencia de resolver situaciones de vulneración de derechos de los niños en los que no mediara delito, por ejemplo, mendicidad o inasistencia escolar, por mencionar sólo algunas.
Por otra parte, incluirá en el proyecto de ley provincial que se garantice el funcionamiento durante las 24 horas y todos los días del año de la línea 102 para realizar denuncias en casos de maltrato infantil.
Por último, dos cambios más: formación de equipos interdisciplinarios para el abordaje de esta problemática y el ingreso por concurso a los organismos administrativos locales y otras entidades que deban intervenir en situaciones de violencia.
Ahora cabe esperar la repercusión a nivel nacional y provincial de las iniciativas de los radicales para saber si prosperan.
Cambios En la ley nacional 26061 (en el Congreso)
-Modificación del art. 35, para que se priorice la preservación de la integridad física y psíquica de los menores ante todo, incluso antes que el fortalecimiento de los lazos familiares.
-Modificación del art. 37: los casos de violencia los tiene que abordar directamente la Justicia, sin mediaciones ni intermediarios.
Proyecto de ley en Mendoza
-Protocolo de intervención en casos de violencia familiar, de género y contra menores.
-Creación de juzgados contra el maltrato, distintos de los juzgados de Familia.
-Atención las 24 horas y los 365 días del año del 102.
-Creación de equipos interdisciplinarios de atención de casos de violencia y maltrato
-Ingreso a los OAL por concurso.
