España: La Educación y la violencia infantil

La FP ante la violencia infantil.
el periodico extremadura, 26/01/2019
En España, 1 de cada 4 niños sufre alguna forma de maltrato por parte de sus padres o cuidadores principales y, 1 de cada 5, es víctima de abusos sexuales. Así lo demuestran los rigurosos estudios publicados por equipos de investigación españoles a partir de entrevistas realizadas a los propios niños de nuestro país.

Esta realidad ha dado fuerza a la elaboración de una ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo anteproyecto ha sido recientemente aprobado por el Gobierno de España. La violencia contra la infancia es una cruda realidad que deben afrontar todos los países que pretenden avanzar en el respeto de los derechos humanos y, específicamente, de los derechos de los niños y niñas. Negar su elevada frecuencia solo hace que sus víctimas permanezcan en el silencio y el secreto, lo que supone que no puedan recibir ayuda ni sean tratadas de las múltiples consecuencias adversas que las acompañarán a lo largo de su desarrollo. 

Porque ser víctima de malos tratos y abusos sexuales en la infancia supone un importante factor de riesgo para problemas de ansiedad y depresión, ideación y conducta suicida, trastornos de la alimentación, alcoholismo, adicción a las drogas, dificultades en el establecimiento de relaciones interpersonales, desconfianza generalizada, bajo rendimiento académico y laboral.

España expedientada: CONTRA EL MALTRATO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

La UE expedienta a España por no proteger contra el abuso infantil.
Da 2 meses de plazo al Gobierno para responder y corregir los errores.
SILVIA MARTÍNEZ, 26/01/2019
Los gobiernos europeos deberían haber trasladado a sus respectivas legislaciones nacionales, como muy tarde en diciembre del 2013, la directiva contra el abuso y la explotación sexual de menores y la pornografía infantil. 

5 años después, España –junto a Italia y Portugal– es uno de los Estados miembros que siguen sin aplicar la normativa, según la versión del Ejecutivo comunitario, y por ello Bruselas ha decidido actuar lanzando un procedimiento de infracción.
«Para garantizar la protección de los menores frente a los abusos sexuales, los Estados miembros deben cumplir plenamente las disposiciones de la directiva», ha avisado Europa, recordando que las autoridades españolas tienen ahora 2 meses para responder y corregir los problemas identificados. Si no, el Ejecutivo de la UE podría activar la 2ª fase, con el envío de un dictamen motivado, previo paso a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Unión Europea cuenta desde finales del año 2011 con una normativa «estricta» que penaliza estos abusos, que garantiza sanciones a los delincuentes y protege a las víctimas menores de edad. Los 28 deberían haberla transpuesto a más tardar en diciembre del 2013 pero, al vencer el plazo, solo 12 Estados miembros habían concluido el trámite para cumplir con una directiva que incorpora en un mismo instrumento jurídico disposiciones que cubren la investigación y el enjuiciamiento de los delitos y la asistencia a las víctimas y su protección.
Por ejemplo, la normativa tipifica un amplio elenco de situaciones que constituyen abusos o explotación sexual de menores con supuestos nuevos como el embaucamiento de menores a través de internet o los abusos sexuales por medio de cámaras web. También endurece las penas, amplía los plazos de prescripción e incluye la evaluación obligatoria de los obstáculos a la hora de denunciar y mecanismos para inhabilitar a delincuentes condenados para el ejercicio de actividades profesionales en contacto con menores.
Para el Gobierno español, todas estas disposiciones están ya incorporadas en la legislación. En diciembre el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de protección a la infancia que, cuando entre en vigor, según el Ejecutivo, situará al país «a la cabeza de la UE» en la lucha contra el abuso y maltrato infantil.